video cortesia de BreakThrough
En Estados Unidos crece el rechazo de la población migrante al polémico programa federal “comunidades seguras”, el cual permite la colaboración de policías locales con autoridades migratorias.
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Un jurado ordenó se paguen doscientos mil dolares a una madre indocumentada que demando a la policía del condado de Davidson en Tennessee. La demanda legal ocurrió tras la violación de los derechos humanos de la migrante Juana Villegas, quien a pesar de tener nueve meses de embarazo fue esposada de manos y pies por alguaciles.
Villegas, retenida por una infracción de transito en el 2008, habría infringido en un delito menor al no poseer licencia de conducir.
Una vez en prisión, Juana fue sometida a la norma 287G donde se pudo comprobar que se encontraba en el país indocumentada y que tenia orden de deportación desde 1996.
Sin embargo, Villegas no fue arrestada por la policía de Inmigración, sino por un funcionario de la policía de la ciudad de Nashville, quien arbitrariamente decidió llevarla a prisión por el delito menor, lo cual en la mayoría de los casos es penado con 500 dolares y una orden fiscal.
A solo días de haber sido encarcelada Juana dio a luz a su bebe y fue forzada a mantenerse esposada, aun cuando no había cometido ningún delito mayor.
Entre tanto algunos críticos señalan que comunidades seguras es un programa fundamentalmente defectuoso y que no tiene remedio.
Víctor Niebla, abogado de inmigración, dijo recientemente en una audiencia sobre comunidades seguras “ el problema fundamental es la falta de transparencia, que es, como lo aplican los estados, como funciona… esta confusión generará mas demandas”
Mientras, se calculan que unas 47 mil personas han sido deportadas bajo el plan de comunidades seguras, el cual se implementa en unas mil quinientas jurisdicciones en 44 estados de la Unión Americana, pretendiendo abarcar todo el territorio nacional para el año 2013.
A pesar, de la implacable labor migratoria de ICE, el gobierno de Obama, anunció el pasado 18 de Agosto, que el departamento de seguridad interna, evaluará unas 300 mil deportaciones que se encuentran pendientes, con el fin de centrarse en la remoción de inmigrantes de alta peligrosidad. A lo que algunos activistas reaccionaron "una de las cosas que la comunidad latina va a estar muy al tanto es de que se implementen estas medidas de una manera uniforme y robusta, esa ha sido la preocupación con el 287G y comunidades seguras, es que no hay una transparencia o sistemas que de veras ayuden a evitar los abusos y el ambiente de intimidación que estos programas están creando en muchas comunidades".
Clarisa Martinez, directora de campañas migratorias de la raza también afirmó, que es un paso al frente, la decisión del gobierno de estudiar los casos de deportaciones.
No obstante, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos, dice que el programa de comunidades seguras es una forma “simple y de sentido común”, para deportar personas que amenazan a la seguridad publica. Sin embargo, un informe publicado por la asociación americana de abogados de inmigración (AILA por sus siglas en inglés), reporta unos 127 casos de indocumentados que han sido deportados por ICE, bajo este programa, aún cuando las personas no poseían antecedentes criminales.
video cortesia de AILA
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